Por Joaquín Puerta
Publicado en el nº35 de la Revista INNOVATIA
Con este título de película española de los años setenta quiero darles a conocer a unos personajes que si bien son actuales, representan perfectamente la España arcaica de pandereta y chirigota, la España de los pícaros y aprovechados, esa España de la que tanto queremos desprendernos y no somos capaces de conseguirlo.
En los años noventa la reforma del sistema tributario español evoluciona desde una forma un tanto rudimentaria de recaudar impuestos hacia el complejo sistema fiscal que ahora tenemos. Uno de los pasos dados en esa evolución es la implantación de la tributación por estimación objetiva, índices o módulos, conocido popularmente como módulos.
La tributación por módulos surge por la necesidad de Hacienda de establecer una especie de pacto con un colectivo difícil de controlar, el colectivo de aquellos empresarios individuales dedicados a una serie de oficios específicos como son, fontaneros, electricistas, y otros muchos detallados en la propia Orden de módulos.
Los empresarios individuales dedicados a estas actividades se quejaban de la tributación indirecta a la que, como todos los demás, estaban siendo sometidos. Hacienda se volvía cada vez más exigente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, contabilidad detallada, obligaciones de facturación, distinción entre libros de ingresos y gastos y libros de IVA, etc., obligaciones que a estos colectivos les resultaba especialmente farragosas.
Por otro lado, la Agencia Tributaria no se veía capaz de atajar la economía sumergida que se cebaba entre este tipo de actividades, fue la época en la que se puso de moda eso de “¿cómo lo quiere, con IVA o sin IVA?”.
En este contexto se buscó una solución que beneficiara a las dos partes y de ahí nació la tributación por módulos. La tributación por módulos consiste básicamente en determinar el rendimiento anual de la actividad desarrollada por el empresario a través de unos pocos parámetros sencillos y objetivos. Es decir, en lugar de que el rendimiento sea el fruto de una contabilidad, ingresos menos gastos, se determina dando valores a algunos medios de producción utilizados y declarados por el empresario.
De este modo, un carpintero, albañil o fontanero determina su rendimiento, la base sobre la que va a tributar en I.R.P.F. y en I.V.A., declarando el nº de personas asalariadas que tiene, locales y vehículos afectados a la actividad, algún detalle más como tipo de municipio donde ejerce la actividad, y poco más. Mediante estos parámetros declarados por el empresario se le estima su rendimiento y por lo tanto una tributación fija, una especie de tarifa plana, de tal manera que si su rendimiento real es superior, sale beneficiado, pero si su rendimiento real es inferior, sale perjudicado. Por lo tanto, es importante calcular de antemano si le interesa o no ya que se puede renunciar a este sistema y pasar a tributar determinando el rendimiento de la forma general, es decir, haciendo la contabilidad.
Por otro lado, acogiéndose a los módulos, al empresario se le exime de la obligación de llevar contabilidad, ni libros de ingresos, gastos e inversiones, ni libros de IVA, declara sus módulos, paga la “tarifa plana” y se olvida.
El sistema de tributación por signos, índices o módulos comienza a funcionar a principio de los años noventa. En un primer momento se genera un revuelo por la novedad, pero pronto se le coge el tranquillo, cada uno aprende su funcionamiento y sabe si le interesa o no. A priori todo son ventajas y las partes están contentas, Hacienda recauda y se quita de encima el control de un colectivo escurridizo. Por otro lado, los empresarios individuales afectados por la norma también están contentos ya que se olvidan de las obligaciones contables pagando una cantidad razonable y están tranquilos, ya que se encuentran dentro de la Ley.
Pero cuando en un principio todos nos las veíamos felices con un sistema donde las partes están de acuerdo, algunos se las ven más felices todavía al darse cuenta de un detalle, si se hacen trabajos para una empresa y se le emite la correspondiente factura con IVA, para la empresa cliente ese IVA es deducible, sin embargo el empresario que tributa por módulos no tiene que pagar ese IVA facturado ya que tiene una “tarifa plana”, entonces, si emito facturas a mis empresas clientes por un valor superior al real, se pueden beneficiar al poderse deducir el gasto y sobre todo el IVA de esas facturas sin tener, el emisor, que tributar más por haberlo hecho.
Pues así comienza la trampa, un trabajo de 600 euros, 100.000 pesetas de entonces, se le factura al doble, de tal manera que el cliente paga 600 más IVA y se está deduciendo el doble de gasto y el doble de IVA. El trabajo realizado por el empresario individual acogido a módulos le ha salido bien baratito a costa del erario público.
A partir de aquí pasa poco tiempo hasta que se dan cuenta del chollo que supone esto para su cliente, es el momento entonces en el que algunos aprovechadillos comienzan a lucrase con el sistema y deciden que si el cliente se beneficia de esta práctica ellos quieren una parte de la tarta y de este modo piden repartirse el dinero del beneficio que supone la emisión de facturas falsas, falsas porque no responden a un hecho económico real. Comienza el negocio de vender facturas.
Nuestro incipiente modulero es un empresario individual dedicado a alguno de los oficios o actividades incluidos en la Orden de módulos, albañil, carpintero, electricista, etc. que incorpora a su caja de herramientas un block de impresos para expedir facturas y cuando se acerca el día 20 de cada mes de vencimiento de impuestos aparca temporalmente el soplete, la llana o el serrucho y saca a trabajar el boli y el block. Por cada factura expedida cobra al cliente parte del IVA embolsándose ese dinerito con todas las de la Ley y libre de impuestos. Por su parte el cliente gana el resto del IVA que se lo va a restar inmediatamente en su liquidación y la minoración en el impuesto de sociedades, es decir, un 30% aproximadamente de la base de la factura, dependiendo a qué tipo esté tributando.
Visto el chollo y la forma de ganarse un buen sobresueldo sin dar un palo al agua aparece el autentico modulero, el modulero profesional, ese tipo que no tiene ningún escrúpulo para enriquecerse a costa de los demás. El auténtico modulero no tiene soplete, ni serrucho, ni falta que le hace, el auténtico modulero es aquel que se da de alta en Hacienda como empresario individual en alguna de las actividades amparadas por la Orden de módulos y se dedica simple y llanamente a vender facturas. Se busca clientes a quienes “hacerles el favor”, empresas relacionadas con su sector que tengan beneficios y que tengan por lo tanto que pagar impuestos y ellos les ayudan a reducir su aportación a las arcas del Estado a cambio de un buen pellizco.
El colmo del chollo del modulero llega cuando contacta con una empresa que está siendo inspeccionada por Hacienda y le levantan acta por no poder justificar parte de los gastos y del IVA deducible declarado. Entonces el modulero se frota las manos a sabiendas del lío en el que está la empresa y el coste que le va a suponer la sanción, nuestro intrépido modulero se ofrece para resolver el problema y por un módico precio le expide facturas de años anteriores cuadrando los gastos e IVA deducible que a la empresa le faltan por justificar.
Hay que tener cuenta que en este caso nos estamos refiriendo no a un periodo trimestral, si no a cuadrar las cuentas de hasta cuatro años completos, lo que puede suponer unas cantidades realmente importantes y como la empresa se encuentra en un atolladero, el precio de las facturas falsas expedidas en este caso, lógicamente sube llegando a ser habitual que sea del 100% del IVA. Para la empresa, aunque tenga que pagar el 100% del IVA le resulta muy interesante ya que se ahorra la tributación por sociedades y sobre todo, las sanciones.
Durante los años del boom inmobiliario, el modulero vivió su época dorada, numerosas empresas ligadas de alguna manera al sector de la construcción ganaban mucho dinero y “necesitaban” buscar gastos para reducir su tributación, fueron entonces momentos en los que los moduleros estaban muy solicitados. Oficinas bancarias, asesorías de medio pelo y sobre todo el boca a boca era la forma más habitual de ponerse en contacto y comenzar una relación basada en el tejemaneje de los que aprovechan la situación, el beneficio de la norma y la ocasión para eludir la tributación. Numerosas veces me han preguntado si conocía algún modulero de confianza, pero siempre me he negado a hacer de Celestina en asuntos turbios.
Ahora ya los moduleros están de capa caída, desde 2007 Hacienda, viendo como se le escapaba el dinero como si fuera una hemorragia en plena arteria, llevó a cabo inspecciones a muchos empresarios individuales que tributaban por módulos tratando de cazar facturas falsas buscando indicios de que la factura no respondiera a un servicio prestado u operación comercial realmente efectuada.
En aquella época asistí a la inspección de un cliente que no tenía nada que ver con este asunto pero, durante los silencios que dejaban las comprobaciones del inspector podía escuchar la conversación que se dirimía en la mesa de lado donde una inspectora con gesto de sorna le decía al hombre que tenía enfrente: “no me creo que usted solito, sin trabajadores, ni colaboradores, haya podido facturar 200.000 euros en el ejercicio sin más ayuda que sus herramientas de mano”, a lo que aquel señor respondía ¿Y por qué no?. Nos encontramos en la típica situación de “demuéstramelo” y “demuéstrame tú a mi lo contrario”. Lástima que tuve que marcharme sin saber el final de la historia, pero desde luego, aquello pintaba muy mal.
Además de esta campaña de inspecciones masivas, se publica el RD 1576/2006 de 22 de diciembre que con el fin de acabar con esta práctica impone a las empresas la obligación, a partir del 1 de abril de 2007, de retener el 1% a las facturas recibidas de empresarios en módulos. Esta simbólica retención hace que la empresa tenga que declarar en su resumen anual de retenciones las cantidades satisfechas a este tipo de empresarios, lo que implica que a posteriori no se pueda reconstruir una contabilidad ya cerrada cuadrándola con facturas falsas provenientes de moduleros.
Por otro lado, se obliga a los empresarios en módulos a declarar anualmente las operaciones realizadas con cada cliente que en el conjunto del ejercicio hayan superado los 3.000 euros. Con esta medida se está obligando de forma indirecta a los empresarios que tributan por módulos a hacer contabilidad, básica, pero contabilidad.
Con estas medidas tomadas se dificulta el negocio de las facturas falsas, sin embargo, no se erradica, el negocio puede seguir existiendo, solo que ahora hay afinar en el procedimiento para llevarlo a cabo, ya no se puede hacer de forma tan descarada.
Pero el golpe definitivo a los moduleros no se lo da Hacienda con su reglamentación e inspecciones, el golpe definitivo se lo da la crisis. La reducción del beneficio de las empresas hace que ya no sea necesario buscar facturas falsas para reducir la tributación. La crisis ha causado estragos entre los moduleros que, a la eliminación de la necesidad de las facturas falsas se le suma la importantísima caída de la actividad real lo que ha provocado que muchos empresarios individuales, moduleros o no, hayan visto reducidos sus ingresos de forma muy considerable llegando incluso algunos a carecer completamente de ellos durante meses y meses.
Tenemos la firme esperanza de que la crisis deje de apretarnos el cuello y la actividad vuelva normalizarse. Será entonces cuando los números negros de nuevo invadan los balances de las empresas. Y tras los números negros, la llamada de Hacienda para cumplir con el deber de contribuir a las arcas públicas. Será entonces el momento en el que la tentación de recurrir a medios ilícitos para reducir la tributación haga que puedan surgir nuevas bolsas de fraude que lleven al enriquecimiento de unos de costa de todos.
Esperemos que para entonces, la Agencia Tributaria, con su infinita capacidad para regular, su potente sistema de información, y su todopoderoso brazo recaudador, ponga los medios necesarios para igualar a todos los ciudadanos, para que haga desaparecer los colectivos de privilegiados, aquellos que encuentran subterfugios para bordear la norma, los que se permiten aprovecharse del sistema y dejan la carga de sostener el país a todos los demás.
Queda pues en manos de Hacienda acabar con estas desigualdades, terminar con métodos de tributación que hacen a la mayoría sentirse como los tontos del sistema, que permiten que algunos aprovechados vivan del esfuerzo de los demás, en definitiva, desigualdades que hacen que a todos nos cueste un poco más cumplir con nuestras obligaciones. Por eso, más allá de la eficiencia recaudatoria, de los grandes números o de los sistemas de control más o menos eficaces, han de prevalecer los criterios de justicia social, aquellos que hagan sentir al ciudadano que la Administración trabaja para él en lugar de hacerlo para sí misma.
Sin duda Hacienda tiene poder para ello, lo que hace falta es voluntad para que las normas que entran en vigor tengan como fin servir a los ciudadanos en lugar de facilitar la labor de la Administración, que los métodos de recaudación vayan encaminados hacia un reparto más justo de la carga tributaria en vez de, simplemente, a recaudar más. En definitiva, que los pasos que da Hacienda nos hagan sentir que nuestra contribución es justa e igualitaria en lugar de sentir el ahogo desigual en cada una de sus vueltas de tuerca.
¿Volverían entonces los moduleros?
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